La última oportunidad de Chile para fortalecer su Democracia

 

 Documento Bajo derechos de autor: Juan Sebastian CH

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La última oportunidad de Chile Para Fortalecer su Democracia









Chile tiene una oportunidad, quizá la última, para fortalecer su democracia y transformar el modelo de desarrollo. La tarea no recae solo en el nuevo presidente, Gabriel Boric, sino en una derecha política que debe rehacer su proyecto. 

La elección de Gabriel Boric como presidente de Chile se produjo tras 16 años de alternancia entre dos liderazgos –los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera– cuya acción de gobierno terminó vaciando de legitimidad a las dos coaliciones que dominaron la transición chilena: la Concertación (centroizquierda) y la Alianza por Chile (centroderecha). Ambas se quedaron, por primera vez desde la restauración democrática, sin opción propia en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre de 2020. Paradójicamente, la elección que dejó desahuciados a los dos actores de la transición terminó jugándose en la oposición entre “pinochetismo” y “comunismo”, reviviendo en la puja electoral el viejo clivaje del plebiscito del “sí” y el “no”. La adhesión a Boric puede entenderse como una mezcla de rechazo al pasado pinochetista encarnado por José Antonio Kast, pero también como una apuesta a futuro. Desde esa perspectiva, es también en buena medida el voto del “Apruebo” a la Convención Constitucional.

Apruebo Dignidad, la coalición entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros socios menores que llevó a Boric a la presidencia, posee hoy tres ventajas sobre las destartaladas fuerzas políticas tradicionales. Primero, sintoniza muy bien con el clima de la época: con un Chile feminista, verde, joven y más justo. Segundo –y no sin contratiempos importantes en los últimos años en su relación con el movimiento social y con grupos de izquierda más extremos–, el Frente Amplio logró erigir a Boric como intérprete legítimo de la demanda de transformaciones sociales, a la vez profundas y graduales. Tercero, Apruebo Dignidad tiene hoy un enorme capital de liderazgos jóvenes, pero ya fogueados, bien preparados, capaces de consolidar el proceso de cambio en próximas elecciones: Camila Vallejo, Izkia Siches, Karol Cariola, Giorgio Jackson y una serie de figuras recién elegidas en las municipales y para la Convención Constituyente. A día de hoy Apruebo Dignidad no tiene enfrente otra coalición con un capital político y una épica semejantes. La sincronía entre el tiempo social y el biológico también corre a su favor.

Durante la campaña, Boric desplegó además características personales que, aunque genuinas, eran desconocidas para la mayoría de la ciudadanía. A pesar de su juventud, su liderazgo parece desfasado, en una época en que predominan narcisos y mesiánicos. Se trata de un líder dispuesto a dudar de sus certezas, a pedir perdón, a abrir diálogos incómodos e improbables con todos. También entiende que su suerte dependerá de persuadir a quienes hoy le temen. Tal vez solo de forma intuitiva, pero según esa personalidad, Boric ha ido consolidando la capacidad de transmitir el diálogo y negociar con quienes es necesario, sin tener que claudicar a los principios ni al compromiso con los cambios que la ciudadanía espera. En un clima social donde predominan visiones moralizantes de la política y sus actores, esa capacidad también es ­inusual. Además, el nítido contraste entre el liderazgo de Boric y la figura presidencial de Piñera le garantiza, al menos por un tiempo, una base casi automática de popularidad y adhesión.

A pesar de todos estos activos, el gobierno de Boric será dificilísimo. La dificultad no deriva de la “radicalidad” de la demanda ciudadana, como afirma el latiguillo de una derecha desnortada –los ciudadanos entienden que los cambios no serán inmediatos; la élite chilena parece no comprender que en política lo simbólico importa tanto o más que lo material–, sino de otras características de Apruebo Dignidad y del contexto que afrontará el gobierno.

Más allá de sus fortalezas relativas, en términos de su estructura política, Apruebo Dignidad tiene las debilidades propias de un sistema de partidos ­desarraigado socialmente. Con excepciones puntuales, sus líderes son mucho más de aire que de tierra y carecen de capacidad para vertebrar y canalizar los intereses y conflictos que hoy cruzan de la sociedad chilena. Aunque pueden generar victorias electorales, los liderazgos sustentados en el aire son por definición evanescentes. Más aún cuando una fracción no despreciable de sus votos fueron más anti-Kast que pro-Boric. A su vez, Apruebo Dignidad llega a La Moneda con evidente escasez de cuadros propios para la acción de gobierno, por lo que deberá recurrir (evitando “contaminarse”) a cuadros prestados o a independientes con know-how sectorial, pero carentes de oficio político y experiencia en la gestión del Estado.

En términos económicos, al menos durante el primer año de gobierno, el país sufrirá un frenazo en su crecimiento, en un contexto de creciente inflación en el que también cesarán los paquetes de ayuda social por la emergencia del Covid-19. En términos políticos, el resultado de las elecciones parlamentarias aumentó la fragmentación de partidos en el Congreso, con niveles sin precedentes de recambio parlamentario, y generó un empate en el Senado. No hay mayorías automáticas para ninguno de los proyectos con los que Boric hizo campaña.


«El objetivo central del primer año del gobierno de Boric debe ser garantizar el éxito del proceso constituyente»


La economía política de esos proyectos de reforma también juega en contra. La construcción del imprescindible pacto social que se requiere para avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, sostenibilidad medioambiental y una base de derechos sociales garantizados supone amenazar a grupos de interés tan poderosos como miopes. El empresariado chileno, sus medios de comunicación, los think tanks más influyentes… solo parecen vislumbrar dos escenarios posibles: o se mantiene “el modelo” o Chile se transforma en Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Si bien tras el estallido social de 2019 el sector empresarial hizo una leve autocrítica y generó algunas señales de apertura, su posición durante la campaña electoral refleja que, ante el primer desafío, su tropismo los domina hasta el punto de nublar toda racionalidad. Lo que para empresarios extranjeros y la prensa internacional era un liderazgo de extrema derecha, para buena parte de los locales aparecía como la tabla de salvación ante la amenaza comunista.

La intransigencia del empresariado chileno es lo que explica que ante un modelo que se quedó sin economía moral y sin enclaves institucionales –más allá de la Constitución aún vigente, los actores de la transición, sus repertorios y sus instituciones son hoy inoperantes– solo atinen a buscar reimponer el modelo “por la razón o la fuerza”, mientras vociferan en sus medios contra la violencia y la anomia. Con su miopía a cuestas, el empresariado chileno no tiene, no obstante, contrapeso en cuanto a su poder estructural e instrumental en la sociedad. Los sindicatos están diezmados, mientras que las comunidades locales y la sociedad civil permanecen débiles y fragmentadas. Más allá de su precaria encarnación en la Convención Constituyente y en la adhesión que hoy genera Boric, las protestas de la calle no cuentan ni con organización ni con portavoces legítimos, tampoco con vínculos estrechos con la institucionalidad partidaria. En eso, Augusto Pinochet está más vivo que sus herederos.

La economía política asociada a los asuntos de orden público, centrales en las preocupaciones ciudadanas, es también sumamente compleja. En este plano deben enfrentarse a tres desafíos mayúsculos, heredados en parte de un gobierno que en los últimos dos años profundizó con su desidia cada problemática: el conflicto en la Araucanía; el avance del crimen organizado, la ilegalidad y la creciente informalidad; y la necesidad de conciliar el derecho a la protesta con el orden público. En esos tres ámbitos, la capacidad de coordinar y ejercer control civil sobre las fuerzas del orden es clave, así como avanzar en la reforma de las fuerzas policiales no solo golpeadas por violar los derechos humanos, sino también por escándalos de corrupción institucional. La capacidad para reconstituir el orden público dependerá de una reforma exitosa que limite la autonomía de unas fuerzas del orden que, al mismo tiempo deben solucionar –o seguir deteriorando– problemas que angustian a de la ciudadanía.

¿Cómo lidiar exitosamente con los poderes fácticos y sus operaciones? ¿Cómo evitar el sino de los gobiernos precedentes, eludiendo así la norma de la alternancia entre presidencias cada vez más inoperantes? ¿Cómo salvar el proceso de cambio disparado por el estallido social de 2019 y amenazado por la “coalición restauradora” que encabezó Kast? ¿Cómo mitigar el riesgo de convertirse en el presidente que entregue el poder a la ultraderecha o a un auténtico outsider. ¿Cómo aumentar la probabilidad de ser quien encabece la transición hacia el nuevo Chile?

Transición, más que transformación

La presidencia de Boric debe asumirse como un gobierno de transición más que de transformación. El objetivo central del primer año de gobierno debe ser el éxito del proceso constituyente. Este éxito requiere dos condiciones: garantizar la autonomía de la Convención y brindar apoyo al proceso. La autonomía es necesaria porque el proyecto de Constitución no puede ser meramente el de Apruebo Dignidad y sus socios cercanos, sino que debe representar, convocar y dar garantías a una amplia mayoría de la ciudadanía. La Convención debe ser también clara al respecto, asumiendo su autonomía frente al poder constituido. El apoyo institucional es imprescindible para que la Constituyente culmine con éxito, lo que implica organizar un plebiscito de salida con voto obligatorio. Los problemas con el transporte público vividos durante las presidenciales, en el contexto de unas elecciones con voto voluntario donde participó solo un 55% de los habilitados, muestran el desafío.

El gobierno de Boric debe evitar asimismo que las elecciones de este año se transformen en un plebiscito sobre el nuevo gobierno o sobre la figura presidencial. Se suele decir que el gobierno ha de acometer rápidamente las reformas centrales de su programa, aprovechando la luna de miel. No es lo que conviene, me temo, al gobierno Boric. Si su popularidad cae con rapidez intentando aprobar reformas que asusten a los “fácticos”, es probable que el debate constituyente se contamine al punto de arriesgarlo –es evidente que cuentan con recursos más que suficientes para crear climas de opinión que cristalizen ese escenario–. El riesgo será aún mayor en un contexto de recesión y estancamiento económico como el que se vislumbra para 2022.

Incluso resultando exitoso, el proceso constituyente es necesario, pero no suficiente para solucionar los problemas que hoy afronta Chile. Por esa razón, las virtudes del liderazgo presidencial deben volcarse, desde el primer día, en ambientar un proceso amplio de negociación y concertación social en torno a un nuevo modelo de desarrollo, capaz de sentar las bases para un crecimiento económico compatible con los derechos que serán incorporados a la nueva Constitución. Antes de promover reformas sectoriales, el gobierno de Boric debe propiciar dicho proceso de concertación social amplio sobre un nuevo modelo de desarrollo para el país. Dicho modelo, que deberá contar con una base suficiente de apoyo político, podrá aterrizarse en un segundo tiempo con reformas sectoriales clave.

En otras palabras, más que enviar proyectos de ley al Parlamento en torno a políticas sectoriales específicas –impuestos, salud, educación, pensiones, políticas sociales–, se requiere sentar a la mesa a actores no acostumbrados a negociar. Tampoco hay que hacer “escucha” para luego interpretarla y desde allí, desde arriba, hacer propuestas. Se trata de una negociación. A quienes están acostumbrados a imponer condiciones de modo unilateral habrá que persuadirlos a escuchar y negociar. A otros habrá que vertebrarlos, para que se incorporen con su voz a una negociación sobre los parámetros de un nuevo modelo de desarrollo para el país.


«Más que enviar proyectos de ley al Parlamento, se requiere sentar a la mesa a actores no acostumbrados a negociar»


Así, durante el primer año y mientras se discute –y eventualmente aprueba– el nuevo texto constitucional, la negociación de un nuevo modelo no debe hacerse en clave parlamentaria ni sectorial, sino mediante un proceso de concertación social que incorpore un conjunto amplio de actores e intereses. Las inusuales características del liderazgo de Boric hacen posible un giro como el propuesto. Además de fijar los parámetros de este nuevo modelo de ­desarrollo, un pacto social exitoso tal vez contribuya a recomponer la confianza necesaria para una negociación más concreta respecto a reformas sectoriales y su prioridad en los últimos tres años del gobierno.

También desde el primer día, el gobierno debe asumir la importancia de la administración e implementación de las políticas públicas. Cuando consultamos a la ciudadanía sobre sus demandas respecto a la Convención Constituyente, quienes se encuentran en posiciones sociales más precarias (véase www.plataformatelar.cl) suelen referirse a problemas que afectan a su vida cotidiana. Estos están relacionados con déficit de implementación de políticas públicas: la asignación de sus hijos a los colegios, el acceso a especialistas médicos, problemas en los barrios o de índole municipal, el abandono por parte del Estado y sus representantes en cuanto a presencia territorial y acceso, etcétera. A corto plazo, mitigar una buena parte de estos problemas pasa más por establecer mecanismos de articulación, coordinación e implementación –son problemas de “última milla”– que por reformas legales o constitucionales. En suma, se puede avanzar bastante en solucionar las preocupaciones diarias para la vida de la gente mediante una buena administración. Elegir muy bien quiénes, con qué criterios y con qué competencias administran y coordinan políticas sectoriales constituye por tanto un desafío relevante. No contar con cuadros propios suficientes abre una oportunidad para elegir de forma adecuada, pero también genera el riesgo evidente de no conocer bien a quien se está reclutando.

El Frente Amplio, como partido, también afronta un desafío inmenso. Cuando las fuerzas políticas llegan al gobierno, suelen desatender la relación con la ciudadanía para volcarse de lleno en la acción de gobernar. El Frente Amplio no solo debe contribuir a la acción de su gobierno, sino que sus partidos, con independencia del gobierno, deben construir una relación que nunca han tenido con sectores amplios de la ciudadanía chilena. Solo mediante esa articulación política podrá institucionalizarse el frágil y tentativo rspaldo logrado el 19 de diciembre de 2021. La continuidad del proyecto depende de dicha institucionalización.

En las primeras semanas desde las elecciones, Boric y su entorno han vivido una luna de miel anticipada. La opinión pública e incluso la oposición han reaccionado con entusiasmo a la moderación y los múltiples gestos de empatía y apertura del presidente electo. El contraste entre Boric, sus gestos y sus primeras decisiones, con lo que ha sido el gobierno de Piñera es enorme. El primer gabinete, con mayoría de mujeres y líderes jóvenes, pero también amplio y diverso en términos políticos, de trayectoria educativa y origen territorial, también ha sido muy bien recibido. El desafío ahora es alargar lo más posible esa luna de miel, para materializar los cambios que el país reclama antes de que la agenda cotidiana, que será durísima, consuma y concentre la energía del gobierno en “apagar incendios”.

La suerte del gobierno dependerá, finalmente, de lo que tenga enfrente. La derecha deberá administrar una derrota costosa. Con contadísimas excepciones, después de la primera vuelta, quienes colaboraron durante años con el centroderecha, la derecha liberal y la derecha social abrazaron con pragmatismo un liderazgo retrógrado y carente de profundidad en términos de proyecto de país. Reconstituir la credibilidad de un proyecto de derecha comprometido con la democracia es clave no solo para el sector, sino para la estabilidad institucional. Hoy, no obstante, las derechas carecen de liderazgos que puedan realizar ese tránsito con rapidez. Quien abrace la autocrítica y entienda que es necesario participar de manera constructiva en la negociación de un nuevo Chile podrá eventualmente erigirse como puntal de una derecha democrática.

El gobierno de Boric tiene la posibilidad de habilitar esa opción, abriéndose también al diálogo y a la negociación con las fracciones constructivas de la oposición. Esto pavimentará además el camino hacia las mayorías parlamentarias de las que hoy carece para aprobar proyectos clave. La alternativa para la derecha es desarrollar una estrategia de oposición sin concesiones, apostando al desgaste de un gobierno que lo tendrá muy difícil. Esa bien podría ser la estrategia que asuma Kast. Y es posible que termine siendo exitosa para ganar las próximas elecciones. Si Kast o cualquier equivalente funcional a su liderazgo logran el objetivo, Chile habrá perdido la última oportunidad en mucho tiempo de alcanzar el desarrollo y fortalecer su democracia. 

 Documento Bajo derechos de autor: Juan Sebastian CH

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